Fundación Cristina Marina

Provisión de apoyos a personas con discapacidad

¿Quién nombra al defensor judicial?

El procedimiento por el que se designa defensor está previsto en la ley 15/2015, arts. 27 a 32, previsto, conjuntamente, para menores y personas con discapacidad. Ello hay que ponerlo en relación con el art. 295 del Código Civil que establece en qué casos será necesario nombrar un defensor judicial.

Con la entrada en vigor de la ley 8/21, de 2 de junio, se ha producido la modificación del art. 300 del Cc que en su antigua redacción disponía que “En expediente de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, se nombrará defensor a quien se estime más idóneo para el cargo”. Ahora el artículo 300 versa sobre la inscripción registral del nombramiento.

Es decir, con la modificación de dicho artículo, ya no hay referencia al expediente de jurisdicción voluntaria («aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional» art. 1 LJV) en el nombramiento de un defensor judicial. Si a esto se le añade que según el art. 295 CC alude a que es nombrado por autoridad judicial, nos lleva a la duda sobre quién es autoridad judicial, pues mientras que el legislador hacía mención expresa a la remisión del expediente de jurisdicción voluntaria, en donde el Letrado de la Administración de Justicia es el competente para su nombramiento, ahora esa remisión ha desaparecido de este artículo, sin que se haya llevado a otro. Podría entenderse que en la provisión de medidas aún corresponde al Letrado la designación del defensor judicial en virtud del procedimiento contencioso (es decir, ya no en procedimientos de jurisdicción voluntaria) de adopción de medidas de apoyo judiciales, cuando en la provisión de medidas de apoyo no se haya podido acordar por la oposición de la persona con discapacidad o de un pariente. Pero hay que tener en cuenta que si el asunto ha llegado al procedimiento contencioso es porque hay oposición de una de las partes, por lo que el defensor debe representarlo.

El defensor judicial es nombrado por la autoridad judicial por las causas establecidas por el art 295 del CC, que resumiendo son:

1. Quien debiera prestar el apoyo no está en condiciones de hacerlo (véase el art. 283 CC comentado más adelante, adjudicando la competencia en este caso al Letrado)

2. o se encuentra afectado por un conflicto de intereses con la persona con discapacidad;

3. mientras se tramita la excusa que hubiera invocado;

4. como una medida cautelar, en donde la autoridad judicial, el juez, si considera conveniente el nombramiento del defensor judicial en relación a la administración del patrimonio de la persona; y

5. cuándo es necesario acordar una medida de carácter ocasional.

El procedimiento para el nombramiento es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y que está regulado por art 27.1 LJV y que se aplica para nombramiento del defensor judicial y en el art 30.2 que establece que será nombrado el defensor judicial por el Letrado de la Administración de Justicia.

Aquí entramos en el de lleno en la cuestión planteada. Si entendemos que el único cauce para el nombramiento del defensor judicial es el regulado en la jurisdicción voluntaria que asigna la competencia al Letrado de la Administración de Justicia para el nombramiento del defensor judicial, debería entenderse que la remisión que hace el Código Civil a la autoridad judicial es también al Letrado de la Administración de Justicia. Además, el art 283 del CC dice que cuando quien preste el apoyo esté impedido de forma transitoria para el desempeño de su función, el Letrado de la Administración nombrará un defensor judicial, por lo tanto, parece ser que para la causa primera del art. 295 CC la autoridad judicial para nombrar un defensor judicial es un Letrado de la Administración. Entender que el Letrado de la Administración es autoridad judicial y es competente para valorar las causas del art 295 supondría contradecir lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en donde ya dispuso que las resoluciones de los Letrados de la Administración de justicia no son resoluciones de carácter jurisdiccional y si las resoluciones de los Letrados de la Administración ponen fin al procedimiento siempre podrían ser revisables, a través del correspondiente recurso.

Podría decirse, que el legislador ha dejado intencionalmente «en el aire» esta cuestión.