Se trata de una medida judicial de apoyo a las personas con discapacidad que necesitan ayuda para la toma de decisiones, es decir, para el ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Está regulada en los artículos 268 y siguientes del Código Civil, debe ser establecida por un juez en un procedimiento judicial denominado expediente de jurisdicción voluntaria. Solo se establecerá cuando no existan otras medidas de apoyo suficientes para la persona con discapacidad. Otras medidas pueden ser la guarda de hecho que es un apoyo informal que se constituye cuando una persona a lo largo del tiempo apoya a otra en su toma de decisiones sin que se establezca expresamente, o la figura del defensor judicial que es una medida judicial de apoyo para decisiones puntuales.
La curatela debe ser proporcional a las necesidades y habilidades de la persona, respetar al máximo la autonomía de la persona en su toma de decisiones y atender a su voluntad, deseos y preferencias.
La curatela constituida puede tener diferentes niveles de intensidad en cuanto a los apoyos a prestar.
