Tras la aprobación de la Ley 8/2021, por la que se suprimen las incapacitaciones judiciales de las personas con discapacidad y se sustituyen por unos mecanismos de provisión de apoyos, especialmente la curatela, se están produciendo casos denunciados ante el Defensor del Pueblo en los que se retiran beneficios fiscales y prestaciones sociales ha quienes han visto anuladas sus sentencias de incapacitación para ser sustituida por las nuevas figuras.
Se tratan de ayudas o beneficios destinados a personas declaradas judicialmente incapaces. Las Administraciones fiscal y de Seguridad Social ahora solo mantienen o conceden protección a quienes se les han asignado una curatela representativa y no respecto de las que solo han aprobado meros apoyos en la toma de decisiones pero sin sustituir su voluntad o decisión.
Plena Inclusión ha denunciado esta situación ante la Oficina del Defensor del Pueblo, quien ha admitido esta queja y Plena Inclusión emitirá un informe el próximo día 17 de septiembre.
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